SOBRE EL CASO MALAYA

Hace más de cuatro años se inició la que ha sido hasta el momento la mayor operación contra la corrupción urbanística en nuestro país. La llamada "Operación Malaya" desembocó en la primera disolución de un Ayuntamiento de la historia de España. Ayer se iniciaba la fase oral del macro-juicio contra los 95 imputados, entre los que se encuentran funcionarios, ex-alcaldes y ex-alcaldesas (y no es una apreciación por mantener la paridad en el lenguaje), hasta 17 ex-concejales, un ex-jefe de la Policía Local, un juez (o ex-juez), diversos empresarios, una tonadillera... Se prevé un año de duración del proceso. 

Durante los últimos meses las cadenas de televisión más sensacionalistas del país se han preocupado de presentarnos del derecho y del revés los más sórdidos detalles alrededor del caso más mediático de los últimos años. Testigos, testimonios, defensores de unos y otros implicados, acusadores, periodistas a favor de alguno de los personajes o en contra de los demás.

El negocio televisivo que ha representado el Caso Malaya no tiene parangón. Y esto no ha hecho más que empezar. El juicio paralelo tan denunciado durante todo este tiempo va a superar todas las expectativas. La lucha por la audiencia justificará en los próximos meses, sin ninguna duda, la emisión de las barbaridades más increíbles.

Para la mayoría de nosotros, sin embargo, la única preocupación será si, finalmente, se sabrá el paradero de los miles de millones de euros que "presuntamente" se han evaporado de las arcas municipales de Marbella; si, finalmente, se esclarecerán las circunstancias en que "presuntamente" una banda perfectamente organizada, con conexiones en todos los niveles de la vida política, social, económica, policial, judicial, administrativa... se ha enriquecido a costa de los ciudadanos, no sólo del municipio, sino de todo el país que, sin duda, y sin necesidad de "presumir" nada, habremos de asumir una vez más las consecuencias.