Sobre la Sentencia del Estatut de Catalunya

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya ha venido a radicalizar las posturas en la ya delicada relación política España – Catalunya. La Transición democrática vino a resolver, entre otros muchos, el mal llamado “problema catalán”. La indiscutible valentía política de los artífices de aquel proceso permitió el reconocimiento de la identidad catalana sobre la base del respeto a la diversidad, de un respeto constructivo y sincero de las principales fuerzas políticas que participaron en él (las que votaron la Constitución de 1978), en el que la principal motivación fue, en todo momento, la voluntad de pacto.

Esta voluntad de pacto se fraguó en el Pacto Constitucional, sobre cuyo fundamento se consolidó el Pacto Estatutario con Catalunya (y con el resto de Comunidades Autónomas que la Norma Magna estableció).

Los diferentes recursos de inconstitucionalidad, pero especialmente el presentado por el Partido Popular, y obviamente la sentencia del Tribunal Constitucional, han herido de muerte el Pacto Estatutario y, por ende, el Pacto Constitucional. La ruptura del pacto favorece y, como es natural, alimenta, las posiciones más radicales en ambos sentidos. Desde España, se recuperan acusaciones históricas de secesión, de deslealtad… Se miente sobre la realidad lingüística y social… Desde Catalunya, se entonan cantos utópicos de independentismo, en un siempre incomprensible con Catalunya o contra Catalunya. La permanente situación preelectoral no ayuda a resolver la cuestión. Los planteamientos de los partidos políticos también se radicalizan. Recuperar votos en Catalunya representa perderlos en el resto del Estado, y viceversa.

España no se ha roto, como algunos pregonaban, pero está claro que no se ha consolidado.

El proyecto común sólo puede existir de manera eficiente y eficaz bajo una fórmula que permita el reconocimiento absoluto de las diversas identidades que configuran el Estado Español, de las nacionalidades históricas (no lo digo yo, lo dice la Constitución de 1978), y las integre en una comunidad de intereses. La comunidad, expresada desde la libertad, tendrá, así, voluntad de estabilidad y permanencia, y una robusta base con prevalencia de los principios de justicia y solidaridad.

La vía que ofrece el federalismo da respuesta a todas estas cuestiones. El federalismo, para algunos superado históricamente, para muchos un gran desconocido, ha permitido, con fórmulas diversas y matices nacionales, el fortalecimiento de estados de primer orden mundial, poco sospechosos de separatismo. El modelo autonómico dibujado por la Constitución de 1978 ha permitido el desarrollo económico, social, político… de los diversos pueblos de España, un desarrollo como nunca hubo en la historia de nuestro país y la evolución del modelo hacia un sistema federal sólo puede consolidar y fortalecer el desarrollo conseguido.

Es momento de trabajar conjuntamente para restablecer el Pacto Constitucional fraguado con tanto esfuerzo y sacrificio durante la Transición Democrática. Es momento de trabajar por definir los puntos de encuentro y no las diferencias que nos separan.