La actual crisis económica, la más profunda y, quizá, la de peores consecuencias, de nuestra historia democrática, ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, la obsolescencia de un modelo productivo basado, no ya en el sector inmobiliario, sino, más exactamente, en la pura especulación inmobiliaria. La principal inyección de capital al sistema financiero ha tenido su origen, en los últimos años, en los enormes beneficios procedentes, no de la interacción de los sectores productivos, sino de las incalculables plusvalías originadas en operaciones urbanísticas, de mayor o menor envergadura, y realizadas en la práctica totalidad de los municipios españoles.
No existe hoy municipio, por grande o pequeño que sea, en el que no se haya edificado hasta límites insospechados, mucho más allá de sus propias necesidades.
Durante demasiado tiempo, los presupuestos municipales han fundamentado sus ingresos en la actividad inmobiliaria: plusvalías, impuestos sobre construcción…
Tan importantes actuaciones, dentro de la legalidad en su inmensa mayoría, han dejado, sin embargo, un turbio rastro, un halo de duda, a lo largo de la geografía española: cerca de cincuenta ayuntamientos están siendo investigados por posible corrupción urbanística; más de ochocientos imputados, la mayor parte de ellos políticos, alcaldes y regidores que, presuntamente, sucumbieron ante negocios de ingentes beneficios.
Crisis económica, crisis de confianza de los mercados y los consumidores… y para rematar, crisis democrática. La corrupción en el ámbito municipal provoca, si cabe, mayores estragos en la conciencia ciudadana. La inmoralidad de los políticos municipales ataca desde la proximidad, y su herida es más profunda, por cercana.
Si urgente es la revisión del modelo productivo, no lo es menos la de determinados aspectos del modelo político. Es necesario dotar a los municipios de una mayor capacidad financiera, de mayor autonomía para dar respuesta, desde la primera línea de actuación, a las necesidades ciudadanas. Ha quedado evidente, por otro lado, la ineficacia de los controles existentes. Los procedimientos urbanísticos deben ser revisados, en aras de trasladar mayores atribuciones a los entes supramunicipales, permitiendo la descentralización de las tomas de decisión y, por tanto, la mayor transparencia de los procesos.
Todos estos cambios no pueden, desde mi punto de vista, llevarse a cabo sin atender a una necesidad previa. En la base del modelo actual encontramos una ley electoral que no da respuesta a las circunstancias de una sociedad que, desde la promulgación de aquélla hace ya casi veinticinco años, ha evolucionado de forma excepcional , y exige nuevas fórmulas de representación.
Es momento, pues, de labrar futuro. Es momento de regeneración, de reconstrucción. De reconocer los errores y aprender la lección. Es momento de depurar las responsabilidades, todas, pero mirando hacia delante. De olvidar los complejos. Es momento de arriesgar.
Superar las dificultades no puede hacernos sino más fuertes.
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